Por Talía Tita
La justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de Argentina de una prórroga para presentar garantías en el caso YPF, por lo que el próximo 10 de enero tendrá que pagar US$16.000 millones.
La decisión la tomó la jueza Loretta Preska, y en caso de que el pago no se realice, el 11 de enero podría surgir un pedido de embargo.
Se trata de un juicio millonario en el que el Estado argentino ya fue condenado a pagar USD 16.000 millones por “haberse quedado de manera indebida” con la mayoría accionaria de la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.
“Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata”, escribió Preska.
El juicio lo gano el estudio Burford Capital, quien a su vez compró el derecho de litigar hace años a socios minoritarios de la empresa que aseguraron haber sido perjudicados porque Argentina ya que no les dio el mismo tratamiento que a la española Repsol a quienes se le compró las acciones por unos USD 5.000 millones. Este año la jueza dijo que ese reclamo es válido y condenó al Estado.
Maril consideró que “está claro que lo que pasa ahora no es responsabilidad del presidente Javier Milei. Todos los candidatos sabían que este tema existe y es grave. Se asesoraron correctamente con economistas, legisladores y especialistas tributarios y laborales, pero no se asesoraron con la demanda externa más importante que tiene el país”, indicó.
Argentina tenia dos pedidos de “más tiempo”. El primero que la jueza rechazó de 30 días, por los avale, y el otro que le hizo la Corte con Apelaciones, por 90 días, para interiorizar más en la causa, del cual todavía no hay respuesta. Para esta segunda solicitud, los abogados locales, el estudio Sullivan y Cromwell, argumentan que el gobierno necesita estar más familiarizado con el caso.
Si lo previsto por Milei se realiza, el nuevo jefe de los abogados del Estado Argentino será Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, pero no nombrado oficialmente.
Barra integro la Corte Suprema y fue ministro de Justicia durante los gobiernos de Menem, tiene más de 75 años y el Presidente deberá firmar un decreto autorizándolo a ocupar el cargo.